Sonora: De la decepción titánica... al reto titánico

Gisela Peraza inició el sexenio del nuevo Sonora como una de las empleadas de la Casa de Gobierno de mayor confianza de Guillermo Padrés y concluyó con pesadillas, sensación de peligro constante y desconfianza a los extraños.

El entonces gobernador de Sonora, el de la transición democrática, la acusó de robo de joyas y dinero. Estuvo cuatro años en la cárcel sin sentencia.

Fue liberada el 8 de junio de este año por falta de argumentos, al día siguiente de las elecciones locales, una vez confirmada la derrota del panismo: no hubo pruebas, testigos, evidencia que la hiciera responsable de la acusación.

“La sentencia en este caso se debe dictar máximo en ocho meses. Les valió sorbete, ¿por qué? Porque querían hacer el tiempo suficiente para que estuviera detenida mientras (Padrés) fuera gobernador”, explica su abogado, Antonio Ortega, un litigante necio de 73 años, quien en su juventud experimentó como policía y periodista.

Este año al fin fue sentenciada, pero debido a un amparo no se le podían dar más de cuatro años, plazo que ya tenía cumplido. Esto y la acusación insuficiente motivaron que el juez la dejara en libertad.

“Ya quiero dejar atrás eso”, dice Gisela por teléfono. Y es que la joven de treinta años quiere olvidar la tortura sistemática a la que fue sometida para que se confesara culpable, cuando ella se mantuvo firme en su alegato de inocencia.

El daño diagnosticado a quien trabajó con Padrés desde 2002 hasta 2011 es el estrés postraumático crónico, de acuerdo con la evaluación de un consultorio privado realizada a petición de su abogado.

El caso de Gisela motivó la recomendación 54/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 31 de octubre de 2013, a la vez que provocó la protesta social.

Ahora ella está con su familia tratando de reconstruir su vida, mientras Ortega prepara demandas para la reparación del daño. Hasta hoy, la verdad sobre el robo se desconoce.

Atrás quedó la promesa de Guillermo Padrés Elías en el mensaje dirigido a los sonorenses el 14 de septiembre de 2009, un día después de asumir al cargo.

“Nunca más permitiremos un gobierno absoluto”, aseguró el mandatario estatal panista al iniciar el gobierno de la transición, el primero no priista después de más de ochenta años de dominio tricolor.

Aquella, como el resto de las declaraciones del mandatario, terminó como promesa incumplida.

DE LA GRAN HAZAÑA A LA HUIDA

El 5 de julio de 2009 se consolidó la transición en el poder que con el tiempo venía emergiendo en Sonora, a través de un bipartidismo en alcaldías y en las curules del Congreso del estado.

Una sociedad, principalmente dolida por la muerte de 49 niños en la guardería ABC, eligió gobernador entre dos primos descendientes de Plutarco Elías Calles, creador del Partido Nacional Revolucionario, a la postre, el PRI.

Guillermo Padrés Elías, por Acción Nacional, y Alfonso Elías Serrano, por el Revolucionario Institucional, eran los principales candidatos. Con un porcentaje de participación en las urnas del 53 por ciento, el panista se convirtió en el primer mandatario sonorense de extracción no priista, con el 48 por ciento de los votos. Y por lo mismo, el 13 de septiembre de 2009 no solamente asumió el poder, sino el resguardo de una alta expectativa de cambio, de un gobierno justo y honesto.

Padrés lo sabía.

“Vengo a dar inicio a esta gran tarea que me han encomendado. Agradecido por la confianza en mí depositada y consciente de la responsabilidad que conlleva el cargo que hoy por su voluntad, asumo con orgullo y con gran compromiso”, expresó en su mensaje a los sonorenses, el día después de asumir el cargo. “Hoy culmina en Sonora un largo tránsito hacía la alternancia democrática”.

El nacido en Cananea llegaba al poder como una figura de conquistador, de un hombre que realizó la gran hazaña al acabar con el régimen del PRI.

Pasó el tiempo, ejerció el poder y, seis años después, saldría por la puerta trasera. No se presentó a la entrega de su sexto y último informe de gobierno, perseguido por constantes señalamientos de corrupción y abuso de poder.

A dos semanas del final de su gestión, ya se decía en las calles de Hermosillo, con tono de sarcasmo, que Padrés ya no estaba en la ciudad. De acuerdo con la revista Proceso, el 10 de julio habría sido la última vez que se le vio en un acto público. Apareció de nuevo el 13 de septiembre en la toma de poder de la priista Claudia Pavlovich, la mujer que derrotó al PAN, al obtener el 47.5 por ciento de los votos, con lo que recuperó la hegemonía tricolor luego de veinte años de pluralismo.

PADRÉS NO ESTUVO A LA ALTURA

El doctor Nicolás Pineda Pablos es profesor investigador en el Programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública del Colegio de Sonora. Su visión crítica la plasma en colaboraciones editoriales donde puntualiza sus observaciones.

En su cubículo, ubicado en algún punto al fondo de la planta alta del viejo edificio, describe que se generó una “sobreexpectativa” ante la llegada de la primera administración panista al gobierno de Sonora.

“(Era) el primer gobierno de alternancia, el primer gobierno estatal del PAN. Se esperaba un gobierno mucho más democrático, mucho más participativo, mucho más cercano a la ciudadanía, mucho más abierto y, en general, todos esos valores que el PAN ha propugnado desde que en México ha estado en transición democrática”, expone.

“Sobre todo ante un PRI conocido como corporativo, maniobrero, defraudador de elecciones, muy clientelar. Esperábamos un gobierno mucho más ciudadano. Creo que nada de eso resultó, creo que desde el segundo año se empezó a ver que no estaba a esa altura”.

Académicos, periodistas, analistas, políticos, activistas, abogados, empleados, taxistas... no son pocos los que describen su ejercicio del poder como cerrado, no negociador, impositivo, intolerante.

“Profundizó los rasgos más aborrecidos por el pueblo en los gobiernos del PRI”, asevera Carlos Navarro, diputado perredista en la legislatura pasada y uno de los principales críticos de la administración de la alternancia. “El PAN superó al PRI en autoritarismo y en corrupción. Padrés nunca tuvo apertura ni dialogó con los movimientos sociales. Los reclamos de los yaquis fueron enfrentados con la cárcel, los universitarios, los líderes sindicales, los partidos políticos; es un gobierno cerrado, no dialogó ni con el PAN y lo sé de buena fuente”.

De 2009 a 2015, en Sonora se vivieron una serie de protestas por diferentes motivos, pero todos generados desde la administración estatal. La lucha de los yaquis por la extracción de agua de la presa El Novillo, a través del acueducto Independencia, fue una de ellas.

El pueblo no fue consultado para ese proyecto, a pesar de que tienen derecho al 50 por ciento del agua del Río Yaqui, de acuerdo con un decreto publicado el 22 de octubre de 1940 en el Diario Oficial de la Federación.

La enajenación de bienes públicos, que comprendió hasta el estero de Morúa, para atender un bache financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) aún no cubierto, motivó una queja en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La tenencia disfrazada con el impuesto conocido como Común, más el aumento a la carga fiscal a pesar de las promesas de campaña, dio lugar a una serie de movilizaciones, primero en la capital y después en Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Navojoa.

“Padrés unió a la ciudadanía en contra de un gobierno que no cumplía lo que prometía”, interpreta Guillermo Noriega Esparza, miembro de la organización de la sociedad civil Sonora Ciudadana y coordinador nacional del Colectivo por la Transparencia.

Quien también participó como integrante ciudadano en el equipo de transición de la hoy gobernadora destaca, además, que la administración panista no tuvo oposición, salvo por las excepciones de los diputados Carlos Navarro, del PRD, y Abel Murrieta, del PRI.

“Nada más para darte un ejemplo: el coordinador de los diputados priistas, que era la oposición, es compadre del (ex) gobernador; y que hay una partida que se le otorga a los diputados como de gestión social del presupuesto del Congreso, la partida 3907, que se incrementó de un millón, dos millones, a cuatro millones, y esto logró aceitar muchos acuerdos. Y eso es a partir del uso discrecional de los diputados”, cuenta.

Esto, para Noriega, significa que la compra de legisladores está institucionalizada en Sonora.

“El sexenio de Padrés hizo que todos bailaran al mismo son de la corrupción, toda la clase política —con dos excepciones— te lo podría decir, bailaron al ritmo de la corrupción aceitando acuerdos con dinero público”, asegura.

De acuerdo con Carlos Navarro, el gobernador cooptó a líderes de sol azteca para que este partido compitiera en coalición con el PAN en las pasadas elecciones.

“Cooptó al PRD, que buscó coalición con el PAN, no se hizo, y el dirigente se fue con el candidato panista (Javier Gándara)”, recuerda.

CON EL AGUA HASTA EL CUELLO

En los últimos días del gobierno sonorense de la transición, no se habló de otra cosa en los medios, en las calles, en los cafés, que no fuera la corrupción, que penetró en cada rincón.

Las quincenas dejaron de llegar a los trabajadores del Congreso local, a los del Colegio de Sonora, a los de Catastro, de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo; se reportaron escuelas sin luz por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad...

Un análisis de Newsweek en Español, a partir de datos que se desprenden de documentos del equipo de transición de Claudia Pavlovich a los que se tuvo acceso, arroja, por ejemplo, que a pesar de que cada año se presupuestaron recursos para pago a proveedores, la deuda por este concepto subió de 93 millones de pesos en 2010 a 2188 millones 250 000 pesos.

El pago de servicio de deuda tuvo un incremento de casi nueve veces en cinco años, pues subió de 622 millones a 5387 millones de pesos.

El gasto corriente se disparó en un 85 por ciento, al pasar de 978 millones 315 000 pesos a 1805 millones 925 000 pesos.

Las cifras del equipo de transición fueron extraídas de auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Función Pública.

Con dichos números se elaboraron cuestionamientos que se expusieron en los llamados encuentros bilaterales entre los equipos de Pavlovich y Padrés, llevados a cabo semanas previas a la toma de protesta de la primera mujer gobernadora en la historia de este estado.

En dichos encuentros se cuestionó el adeudo de 1900 millones al fondo de pensiones del ISSSTESON, el presunto desvío de 232 millones de pesos de recursos federales destinados al Colegio de Bachilleres y el seguimiento al procedimiento resarcitorio de 1052 millones de pesos reclamado por el ISAF.

Desde 2013, en Sonora hay al menos una serie de procedimientos penales contra funcionarios públicos del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte por un monto de 760.5 millones de pesos, así como contra servidores públicos del ISSSTESON por un monto de 42.1 millones de pesos.

Estas cifras, que corresponden al dinero que se debe o cuyo destino incluso se desconoce, contrastan con los ingresos recibidos por el gobierno, como los 19 198 millones de pesos de recursos extraordinarios transferidos por la Federación.

A lo que se suma un contraste más: en cuatro años el gobierno de Padrés contrató deuda por más de 8000 millones de pesos, dato registrado en la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con las auditorías.

El investigador Nicolás Pineda advierte que la administración panista tuvo un tiempo de “jauja”, por lo menos los primeros tres años, con Felipe Calderón en Los Pinos. Tuvo altos ingresos por deuda y presupuesto, aunque los resultados son cuestionables.

“Yo defino, y así lo he escrito, que el personalismo es lo opuesto a lo institucional y no hay nada más claro en una institución que sus fluidos financieros”, dice Pineda. “Cuando el presupuesto deja de ser manejado institucionalmente para ser manejado a base de criterios personales, la institucionalidad cae. Eso, visto presupuestalmente, es lo que se puede apreciar aquí. Ha habido un gran desaseo, una gran arbitrariedad, un gran patrimonialismo en el manejo de los recursos del gobierno del estado”.

Antes de iniciar este reportaje se buscó al entonces gobernador Guillermo Padrés Elías para entrevista. Su equipo hizo el compromiso de gestionarla. Las constantes llamadas y mensajes de los días siguientes ya no fueron respondidas.

EL RETO DE PAVLOVICH

Con la llegada al poder de Claudia Pavlovich, conocida como la protegida del líder nacional del PRI, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, la historia se repite: la desilusión por Padrés ahora, paradójicamente, generó una alta expectativa para el retorno del tricolor.

La demanda es casi unánime: cárcel a los corruptos y que regresen lo que se llevaron.

“Vamos por la honestidad total, por un gobierno honesto”, arengó durante su registro como candidata en febrero de este año y repitió lo mismo en toda su campaña, la cual acompañaba con estandartes y camisas rotuladas en los que se leía “Soy honestidad total”.

Sin embargo, como titular del Ejecutivo tendrá que pasar de los eslóganes y discursos a demostrar con los hechos, pues la gobernadora carga con su pasado.

En la década reciente, la sonorense registra un crecimiento rápido en la política. De ser regidora del cabildo de Hermosillo de 2000 a 2003, pasó a presidir el PRI municipal de 2004 a 2006. Después llegó a diputada local de 2006 a 2009, presidenta estatal de 2010 a 2012 y senadora.

Fue en su paso por el Congreso sonorense que abogó por los propietarios de la Guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano y Sandra Lucía Téllez Nieves, ante el juez primero de Distrito, dos meses después del 5 de junio de 2009, día del incendio en el que murieron 49 niños.

La entonces diputada envió al menos dos cartas al juez de la causa avalando a los empresarios, dieron a conocer a inicios de este año los padres de las víctimas agrupados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.

No sería la única intervención irregular de Pavlovich a favor de empresarios.

En abril, con base en expedientes oficiales y audios, Reforma publicó que, siendo senadora, intervino ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que cambiara las bases de una licitación ya publicada y así pudiera participar Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones del Desierto, quien a la postre ganó los contratos y, luego, en la campaña al gobierno, le facilitó una avioneta para traslados.

Newsweek en Español buscó también la entrevista con la gobernadora, antes y después de asumir el poder. Se argumentó que, por temas de agenda, no era posible concederla.

Para Guillermo Noriega, Claudia Pavlovich no tiene margen de error ni de experimentación, la priista tiene que tomar decisiones correctas porque se enfrentará a una sociedad que, de nueva cuenta, tiene expectativas muy altas.

“El gobierno de Padrés fue una decepción titánica y la actual gobernadora tiene un reto titánico”, comenta.

“Creo que la principal expectativa social es cárcel a los corruptos y que regresen lo que se llevaron, así lo repitió ella en incontables ocasiones. Entonces, la expectativa social fue generada por ellos mismos”.

El investigador Nicolás Pineda, del Colegio de Sonora, también advierte el mismo reto, aunque su postura es escéptica.

“El reto es nuevamente una expectativa en ese sentido, el reto es cumplir esa expectativa, que la veo muy difícil —expresa—. El que se cumpla se va a subordinar a objetivos nacionales, a situaciones nacionales, a repercusiones nacionales, porque para mí es muy claro que el PRI no tiene la voz completa: destapar la cobija al otro también destapa al PRI”.

Por lo pronto, Pavlovich ya anunció la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción y prometió que tendría autonomía plena, durante su primer mensaje como gobernadora, el pasado 13 de septiembre.

“Nada ni nadie quedará en la impunidad, ni los de ayer ni quienes en mi gobierno sean sorprendidos en actos de este tipo”, advirtió

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